El FC Barcelona ha comunicado de manera interna que recurrirá la sanción impuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los contactos mantenidos con Julián Álvarez durante el pasado periodo de transferencias. La multa asciende a 602 euros, cantidad que el club entiende como "irrisoria" desde el punto de vista económico pero que rechaza por principios y por considerar que no existió una actuación indebida.
Según el expediente disciplinario al que ha tenido acceso la prensa, la RFEF ha aplicado el artículo 133 del Código Disciplinario, que tipifica como infracción el "incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias" y establece sanciones que pueden ir desde multas hasta inhabilitaciones o suspensiones. En este caso concreto, el órgano disciplinario estatal ha optado por la sanción económica máxima prevista para una infracción catalogada como leve: 602 euros.
En el Palco y en los despachos técnicos del club se insiste en que las gestiones del Barcelona con el entorno del futbolista se llevaron a cabo dentro de los márgenes que el club considera correctos. La dirección blaugrana defiende que el Atlético de Madrid —club con contrato vigente del jugador— fue informado del interés de la entidad catalana y que finalmente no hubo acuerdo económico entre ambos clubes ni concreción contractual.
“Seguimos muy interesados en Julián Álvarez”, dijo Joan Laporta en declaraciones públicas, según recoge MARCA.
Qué contempla la sanción y por qué la recurren
La multa se fundamenta en una aplicación del artículo 133, que contempla sanciones variadas según la gravedad. El Barça entiende que la resolución no reconoce los hechos tal y como los explica el club y, por ello, presentará recurso ante el órgano competente. Fuentes consultadas por MARCA señalan que la entidad catalana no abonará la cantidad y que impugnarán cualquier otra sanción que pueda derivarse del mismo expediente.
- Importe de la sanción: 602 euros.
- Base jurídica: artículo 133 del Código Disciplinario de la RFEF.
- Actuación del club: recurso anunciado y negativa a pagar la multa por criterio moral y conceptual.
El Atlético de Madrid presentó la denuncia durante julio ante instancias competentes por entender que hubo aproximaciones del Barcelona hacia Julián Álvarez, ya entonces relacionado con movimientos de mercado. En primera instancia, la FIFA se declaró sin competencia para resolver la cuestión y el expediente quedó en manos de la federación estatal al tratarse de dos clubes españoles, circunstancia que motiva la aplicación del reglamento de la RFEF.
Fuentes del club consultadas por la información periodística subrayan que la sanción, además de escasa en lo económico para una entidad de gran dimensión, entraña un aspecto reputacional que el Barcelona no está dispuesto a asumir si considera que su actuación fue lícita y transparente. El recurso planteará, en consecuencia, la impugnación de la resolución y la petición de revocación de la multa.
Por el momento no ha trascendido el calendario ni el órgano ante el que el club presentará el recurso, ni tampoco si se acompañará de nueva documentación que respalde la versión barcelonista sobre las comunicaciones mantenidas con el entorno del delantero. Tampoco consta que la RFEF haya fechado la ejecución de la sanción ni que exista un requerimiento de pago formal en poder del club.
La resolución y el recurso se enmarcan en la sucesión de movimientos y controversias que rodearon el mercado estival en torno a Julián Álvarez, cuya incorporación al Atlético cerró finalmente la operación deportiva entre el jugador y el club rojiblanco. El caso abre un episodio jurídico-administrativo entre entidades españolas que ahora deberá dirimirse por las vías disciplinarias previstas en la normativa federativa.
